Nuestras autoridades afirman: «Los organismos internacionales fueron los culpables de nuestra decadencia». Pero les pagamos en tiempo y forma.

Asombrosamente, esas mismas autoridades deciden que los acreedores privados deberán ser castigados. Casi la mitad de esos acreedores a quienes se les propone quitarles más de 90 por ciento de sus ahorros está formada por ciudadanos argentinos. Deberíamos saber por qué se decide castigar de esa forma a un grupo de ciudadanos. ¿Así defiende el gobierno a los residentes que pagaron sus impuestos y ahorraron en el país; residentes que gastan o invierten sus rentas beneficiando la economía real? Un país sólo crece con un fuerte ahorro interno. ¿Cree el gobierno que con estas actitudes fomenta el ahorro? ¿Por qué el gobierno pretende que los ahorristas residentes que no fugaron sus fondos al exterior tengan un castigo adicional? Todos en el país fueron castigados en sus salarios, patrimonios, nivel de vida, el aumento de la pobreza y la indigencia. Pero hay un grupo, los ahorristas y futuros jubilados, que perderá 90 por ciento de una parte de sus ahorros. Difícil de creer.

Y ¿quiénes son los acreedores de la deuda pública argentina? El 40 por ciento reside en la Argentina. Menos de 20 por ciento es italiano. El resto se reparte entre Japón, Alemania, España, los Estados Unidos y, en cantidades muy menores, otros países europeos y asiáticos. En síntesis, el gobierno decide que a los culpables del desastre se les pague todo y que a los residentes en nuestro país -que fueron engañados por las autoridades argentinas con las promociones de apoyar al país y la seguridad que da un Estado soberano-se les realice un recorte nominal de 75 por ciento y real de más de 90 por ciento de los ahorros que pusieron a resguardo en el Tesoro nacional. La lógica sería que quienes con sus fondos apoyan la economía real de otros países sean los castigados. Para crecer, un país necesita de un fuerte ahorro interno. ¿Creen las autoridades que con las medidas propuestas fomentan el ahorro interno? Esperemos que se busquen otras alternativas. Cuando nuestras autoridades dicen que quienes colocaron sus fondos a 30 por ciento anual merecen esa quita, seguramente están en lo cierto. Pero la realidad es que todos los fondos que obtuvo la Argentina en los '90 los consiguió a tasas de mercado y en muchos casos aun menores. Esas cifras de 30 por ciento que se mencionan fueron obtenidas en el mercado secundario y a partir de 2001.

Nuestras autoridades saben que los Estados soberanos, al igual que las empresas, tienen continuidad jurídica. Cuando comparan a una parte de nuestra deuda con el caso de la empresa de electricidadde los Estados Unidos que cotiza hoy a alrededor de 15 centavos de dólar, deberían agregar que éste es el valor presente (en nuestro caso es menos de 10 por ciento). Y que ese valor de 15 centavos se incrementará cuando se reordene la empresa. Además, lo más importante es que los responsables directos, indirectos y aquellos que estaban encargados del control están siendo juzgados, muchos en prisión y algunos hasta pueden llegar a sufrir cadena perpetua. Para nuestras autoridades los culpables son los ahorristas por haber dejado los fondos en el país. Algo no funciona. Los ahorristas residentes en el país no son culpables. El presidente de la República debe protegerlos, no castigarlos.

• AFJP

Con respecto a los fondos de jubilaciones y pensiones, también hay que hablar claro. El esquema es de capitalización, no de ahorro nominal. Cuando el ministro de Economía dice que se les va a otorgar un papel sin quita a 30 o 40 años, con una baja tasa de interés, eso significa que el futuro jubilado perderá 90 por ciento de la proporción que le corresponde a ese título. El secreto de la capitalización es la tasa de interés compuesta. Un simple ejemplo: quien tenía un dólar depositado en su administradora en 1999 en títulos públicos a 30 años, recibiría aproximadamente 30 dólares al momento de su retiro. El ministro pretende que el futuro jubilado reciba el dólar original y una pequeña tasa de interés: es decir, alrededor de 2 dólares en lugar de 30. Los futuros jubilados también están seriamente afectados por la proporción que su administradora tiene en títulos públicos defaulteados. ¿Quien defenderá a los futuros jubilados? No podrán ser los titulares de esas administradoras por dos razones. Primero, porque oportunamente el ministro de Economía opinó que los responsables de esas administradoras eran incapaces intelectuales. Y segundo porque están interesados en que el Estado cubra todos los desfases que afectaron al sistema financiero. Como la mayoría de las administradoras son propiedad de los accionistas de los bancos que ya han recibido fondos del Estado y están aún reclamando montos adicionales, no pueden defender situaciones que a ellos no los afectan directamente desde el punto de vista monetario. Un hombre no comprometido ni con el gobierno ni con el sistema financiero debería ser quien defienda a los futuros jubilados. Ya debería buscarse a esa persona. Este es el momento. No puede ser que los futuros jubilados no estén protegidos. Deberían asegurarles el capital y los intereses originalmente comprometidos. Si tomamos todos los títulos que emitió el gobiernocon posterioridad al default para «proteger el sistema financiero», vemos que las cifras son muy cercanas a las de los papeles de residentes argentinos defaulteados. En otras palabras, con lo que el gobierno deja de pagar a unos ahorristas paga a otros para evitar juicios a bancos en la Argentina. Increíble. Nuestro Ejecutivo y nuestros legisladores deberían defender a los ahorristas residentes en la Argentina y darles el mismo trato que al resto de quienes viven en este país. Es muy duro escuchar que el Presidente de los argentinos catalogue a los ahorristas locales como especuladores. Es de esperar que nuestro presidente proteja a los residentes en el país, devolviéndoles sus ahorros en la forma comprometida y que recién después pague al exterior. No dudo de que, como al Presidente le encanta hablar claro, entenderá estos argumentos. Por último, aunque los asesores del Presidente no coinciden con mi afirmación, según me lo han hecho saber, sigo sosteniendo que cuanto más rápido salgamos del default y con menos crueldad, antes llegaremos al ansiado crecimiento para beneficio de todos. A los acreedores locales se les debe cumplir lo pactado, y con los externos, negociar un trato que no deje secuelas. Deben entender las autoridades que, en primer lugar, necesitamos del ahorro interno y, en segundo, del apoyo externo. La Argentina precisa de sus ciudadanos. Estos deben ser protegidos. Dejemos de escuchar a esos asesores que sugieren que el acreedor es uno solo. El ahorrista local es el que gasta e invierte en la economía real. El otro gasta e invierte en otras economías las rentas obtenidas en nuestro país. Con el nivel de riesgo país actual es imposible lograr una avalancha de inversiones productivas. Las tasas de interés en el mundo están muy bajas y los inversores buscan alternativas. Brasil, México y Chile están captando esas inversiones. Si desaprovechamos este momento nos arrepentiremos en el futuro. Una inversión productiva se instala por muchos años. Las inversiones que llegan hoy muestran resultados en dos o tres años. Busquemos esas inversiones en proyectos. Casi tres años afuera del mercado internacional es mucho tiempo. Cambiemos la visión de la deuda pública y recuperemos nuestro espacio.

(*) Economista, consejero empresarial, presidente de Cadec SA y ex CEO del holding Bunge y Born.