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CONSTRUCCION
DE VIVIENDAS POPULARES
A mediados de
1993, hice llegar a los distintos actores políticos, una propuesta para
la construcción en una primera etapa, de 250.000 viviendas populares.
La misma fue recibida en forma auspiciosa por los diversos sectores, quienes
consideraron que su puesta en marcha posibilitaba el aporte de soluciones
a dos problemas sociales acusiantes, la desocupación y la falta de viviendas.
En ella invitaba a todos los sectores vinculados directa o indirectamente
con la construcción y con la sociedad, a reunirse, a fin de analizar el
marco legal y técnico necesario para la implementación del sistema, utilizando
todo el know-how de las entidades gremiales empresariales y profesionales,
ocupando de esta forma el espacio dejado por el Estado con la desregulación.
Para tener una base de discusión, diseñé un proyecto cuyos puntos fundamentales
eran:
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Construcción a cargo de la actividad privada, con fondos privados. - Subsidio de la tasa de interés a los compradores. - Precio fijo preestablecido para evitar distorsiones en los insumos y que permitiera además al Estado, conocer el costo final. - Esquema de securitización para financiamiento. - Distintas formas de obtener recursos. - Control de cumplimiento de construcción a cargo de empresas privadas, sobre la base de un manual, preparado por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas e Ingeniería, la Sociedad Central de Arquitectos, el Colegio de Abogados y las respectivas Facultades, así como todas aquellas entidades que puedan aportar conocimientos. - Bases de adjudicación: proponía un esquema de puntajes, delineado por la Asociación de Sociólogos y la de Psicólogos, las respectivas Facultades, así como cualquier otra entidad gremial empresarial o profesional, mediante el cual se adjudicarían puntos de acuerdo con la cantidad de miembros que integre la familia interesada, su condición de no propietario o por poseer una vivienda pequeña y demás items considerados convenientes. Sería esencial poder demostrar sus dos últimos años de aportes jubilatorios (con lo cual simultáneamente se lograría blanquear salarios, ya que quienes no los tengan quedarían excluídos del crédito. El monto del crédito tendría relación con el aporte). - Crear un ente autárquico para formalizar el proyecto, integrado por el Estado, las Universidades, las entidades gremiales empresariales y profesionales. - En el momento de la entrega de las unidades terminadas, entraría en funcionamiento un sistema de leasing y posteriormente hipotecas, subsidiando el Estado, exclusivamente a los compradores, la tasa de interés. Un estudio realizado, arrojó la conclusión de que la capacidad económica de los compradores de estas unidades sólo permite afrontar una tasa de interés del 3% anual. - Dos anteproyectos de ley, penetrando en el propio sistema hipotecario del Código Civil, uno sobre Bono con garantía Real y el otro sobre Pagaré Hipotecario, modificando el art. 3202 del Código Civil. Para esto hemos seguido las siguientes pautas:
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Lamentablemente, han pasado seis años y a pesar del gran interés que mostraron los políticos en esa oportunidad por la propuesta, ninguno la llevó adelante.
Creo que estamos en un momento oportuno para volver a considerar su puesta en marcha.
| GUILLERMO CARRACEDO |
Este proyecto ha sido presentado nuevamente a las autoridades del actual
Gobierno en Diciembre de 1999.